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Para no ir tan lejos por argumentos ahí están las declaraciones del dirigente visible de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ahora, flamante diputado del PT en Oaxaca, Flavio Sosa.
Reiteró que Ulises debe ser juzgado ante los tribunales por todos los abusos de autoridad que cometió y los crímenes cometidos en su gobierno, con los que “se manchó las manos de sangre”.
¡Cuánta razón tiene Flavio al afirmar que todos los crímenes cometidos en el régimen de Ulises y que afectaron a muchas familias continúan abiertos a la impunidad, hasta que no sean aclarados!
Porque, efectivamente, en el gobierno de Ulises Ruiz muchas familias oaxaqueñas resultaron afectadas no sólo por los abusos del poder público, sino también por los cometidos por la APPO.
Ciertamente, las heridas físicas, psicológicas, políticas, sociales y económicas que dejó el prefabricado movimiento del 2006 siguen abiertas en todos los sectores y siguen supurando odio.
De ahí la importancia del compromiso del gobernador Gabino Cué de dar respuesta a las denuncias por el conflicto del 2006 y las de las organizaciones de la APPO y la Sección 22 del SNTE.
El nuevo mandatario anunció la creación de la Fiscalía Especial para el 2006 y de Alto Impacto, que analizará la situación que se registró ese año y los casos más relevantes que se suscitaron.
Es de esperar que la Fiscalía Especial para el 2006 y de Alto Impacto no se politice ni menos se partidice, a fin de que recepcione las denuncias en contra de la APPO y la Sección 22 del SNTE.
En caso contrario, será simple y sencillamente una mascarada que vendrá a sumarse al pago de facturas políticas a los partidos y organizaciones sociales y del magisterio que derrotaron al PRI.
Siguiendo la genial recomendación de nuestro paisano Porfirio Díaz, es por demás sabido que cuando no se quiere resolver un asunto lo recomendable es crear una comisión que lo analice.
Ojalá y no sea este el caso de la Fiscalía Especial para el 2006 y de Alto Impacto, toda vez que hasta ahora las fiscalías creadas en México han resultado totalmente ineficientes nacionalmente.
¡Qué positivo es que por salud pública se busque castigar a quienes cometieron diversos crímenes del fuero común y federal y de lesa humanidad, durante los siete meses del conflicto del 2006!
Pero mucho más saludable es que se castigue a todos los involucrados por igual, si es que realmente se quiere lograr de manera efectiva la reconciliación social que urge a los oaxaqueños.
Para ello, no se debe olvidar que una de las principales características de la Ley y, por tanto, de la justicia como su ideal a perseguir, es su aplicación general y no grupal, partidista y menos facciosa.
De no hacerlo así, únicamente se reabrirán y ahondarán las heridas de todo tipo entre las familias afectadas en todos los sectores sociales, lo que será el mayor valladar para lograr la reconciliación.
De todos es sabido que el país se nos deshace en las manos al pueblo y gobierno por la impunidad resultante de la complicidad y la corrupción, sin embargo, mucho contribuye a ello la simulación.
En tal sentido, esperemos que el flamante diputado local del PT, Flavio Sosa, no se ampare en el fuero constitucional para no ser juzgado o que pretexte que el ya pagó con cárcel en El Altiplano.
director@diariodespertar.co.mx
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