Las pitas se le enredan en las manos al presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico y su vertiente de narcoinsurgencia, según reveló hace poco la señora Hillary Clinton.
Para los ingenuos o cómplices que cierran los ojos a la cruel realidad político-social que vivimos, ahí está la explosión de un nuevo coche-bomba en el municipio de General Zuazua, Nuevo León.
Y para quienes aún tienen dudas ahí está la explosión en la planta de Pemex de San Martín Texmelucan, Puebla, con 27 muertos, y que pudo ser un sabotaje de la narcoinsurgencia.
Entretanto, los Ex Misteriosos Desaparecedores que secuestraron a “El Jefe” Diego Fernández de Cevallos, presuntamente guerrilleros sudamericanos y mexicanos, anuncian su liberación.
Pero en Oaxaca, también se le continúan enredando las pitas en las manos al gobernador de la alternancia, Gabino Cué, al vencerse el ultimátum de 24 horas a sus colaboradores Falzatis.
Ello, a pesar de que la excelente abogada Perla Woolrich pretenda pasarse de lista y busque ampliar el término fatal argumentando hábilmente que se trata de días hábiles y no naturales.
Aludiendo al sermón del ex diputado federal perredista Othón Cuevas a Carlos Abascal, ex secretario de Gobernación, decimos a la Contralora: ¡En nombre de Dios, no se pase de lista!
Irma Piñeyro, secretaria general de Gobierno, sigue en el ojo del huracán al ser considerada por la dirigencia de la Sección 22 del SNTE represora y protectora de los caciques en la UABJO.
La Sección 22 del SNTE condenó “la terrible represión” de que fueron objeto los integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) el 16 de diciembre.
Ese día, elementos de Seguridad del Estado golpearon y arrojaron gases lacrimógenos y gas pimienta a los catedráticos universitarios, en las afueras del Gimnasio Universitario, en CU.
Pero quiénes son los autores intelectuales y materiales del desmadre político provocado al imponer la obligación de que los secretarios cuenten con título, cédula profesional o equivalente.
Pues nada más ni nada menos que Benjamín Robles Montoya, Bernardo Vásquez Colmenares y Gerardo Albino González, son los autores de las reformas de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
El directamente responsable de imponer en el texto del nuevo artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dicha obligación, es el desconocido por la Sección 22 del SNTE director del IEEPO.
Sí, a Bernardo Vásquez Colmenares, desconocedor de la Sección 59 del SNTE, a pesar de contar con registro sindical y toma de nota por la Secretaría del Trabajo, se le ocurrió tan brillante idea.
Gabino Cué y los funcionarios Falzatis que se sacaron la rifa de sus nombramientos en el piñatazo del pago de cuotas deben agradecer a este trío sus problemas, especialmente a Bernardo Vásquez.
Particularmente deben hacerlo, en principio, los ex secretarios de Turismo y Economía, Alfredo Ahuja Peréz, según su cédula apócrifa, y Adelfo Regino, de Asuntos Indígenas, pese a su ilegal licencia.
Muy pronto tendrán que hacerlo, seguramente, la propia Irma Piñeyro Arias, cuya permanencia es insostenible como responsable de la política interior; y Salomón Jara Cruz, entre muchos otros Falzatis.
Claro, a menos que de inmediato el gobernador de la legalidad envíe la reforma de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para suprimir la obligación de que los altos funcionarios sean titulados.
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