“Me lastimaron, me dañaron”, afirmó el funcionario. Gerardo Cajiga reconoció la suspensión de la que fue objeto en el servicio público del gobierno federal, acusado de incurrir en actos de corrupción; “fue una persecución”, asegura
El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Gerardo Cajiga, reconoció la inhabilitación de la que fue objetivo en el gobierno federal, señalado de incurrir en actos de corrupción, pero justificó que todo se debió a una “persecución” contra diversos funcionarios, entre ellos el actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
En entrevista, al término de la entrega de su declaración patrimonial, el funcionario recordó que el siete de enero de 2002 la Secretaría de la Función Pública “pretendió injustificadamente sancionarme e inhabilitarme”.
Lo anterior por la compra de aviones y helicópteros que realizó cuando fungía como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, afirmó que comprobó que no tuvo nada que ver con las decisiones y procedimientos para la aprobación de las adquisiciones.
Aseguró también que su función estuvo centrada en la firma de contratos durante el año de su gestión en los órganos desconcentrados y del Área Central de la Secretaría de Gobernación. “A mí en lo personal me lastimaron, me dañaron y creo que es importante que ustedes lo aclaren: ‘Yo son un funcionario, estoy aquí dando la cara; vamos a hacer una Secretaría de Finanzas muy abierta a ustedes’”, expuso.
En ese sentido, recordó que presentó una impugnación ante el Tribunal de Justicia Fiscal con expediente 4326-02-17-02-8, analizada por la segunda sala regional el 3 de noviembre de 2002 con sentencia a su favor: “Declarando la nulidad lisa y llana de la resolución de la SECODAM”, dijo.
Tiempo después, enfatizó, la SECODAM impugnó la resolución a su favor, pero el primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, le dio la razón nuevamente el 6 de octubre de 2006.
“De esa manera quedó infundado lo que habían hecho en mi contra, que quedaba anulada esa inhabilitación que pretendió hacer la Secretaría de la Contraloría en mi contra y quede totalmente exonerado de ese procedimiento”, dijo.
Con carpeta en mano, aseguró que al margen del amparo que promovió a su favor, los funcionarios de la Policía Federal Preventiva que estaban involucrados en los hechos quedaron de igual forma exonerados de los cargos que les imputaron.
Resaltó que la mejor prueba de que no existe procedimiento en su contra es el cargo que actualmente ostentan en el gobierno federal las personas que, junto con él, estuvieron acusadas: el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y el almirante Wilfrido Robledo, actual director de la Policía Ministerial Federal.
“Las personas que fuimos acusadas fuimos exoneradas y qué bueno que ahora en este caso podemos continuar sirviendo en los cargos públicos”, añadió.
El servidor desconoció el proceder de las acusaciones vertidas en su contra: “No sé si haya gente que no quiere que este aquí, no lo sé. No sé por qué razón sea, si por atacar al Gobernador o a mí, no sé porque razón”.
Asimismo, señaló que ha tenido una semana muy intensa en el trabajo financiero que encabeza frente a la dependencia estatal, con el presupuesto del estado y otros temas: “Yo estoy aquí trabajando, es lo que quiero hacer y no me importa realmente de donde vengan esos ataques” dijo.
Finalmente, al referirse al paquete económico del Gobierno del Estado, señaló que presentaron un proyecto detallado con racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, con medidas concretas para el ahorro de recursos.
Resaltó que como parte de esas propuestas figura el fomento significativo al gasto social, ya que por primera vez incluyeron dentro del presupuesto los tabuladores de sueldo de todo el sector público.
También señaló el caso de la sustitución de la tenencia federal por una estatal para mantener sanas las finanzas del estado.
En este tenor, resaltó que cuenta con toda la disponibilidad de acudir al Congreso del Estado para explicar a detalle las consecuencias económicas del paquete que presentó bajo la anuencia del Ejecutivo del estado.
En entrevista, al término de la entrega de su declaración patrimonial, el funcionario recordó que el siete de enero de 2002 la Secretaría de la Función Pública “pretendió injustificadamente sancionarme e inhabilitarme”.
Lo anterior por la compra de aviones y helicópteros que realizó cuando fungía como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, afirmó que comprobó que no tuvo nada que ver con las decisiones y procedimientos para la aprobación de las adquisiciones.
Aseguró también que su función estuvo centrada en la firma de contratos durante el año de su gestión en los órganos desconcentrados y del Área Central de la Secretaría de Gobernación. “A mí en lo personal me lastimaron, me dañaron y creo que es importante que ustedes lo aclaren: ‘Yo son un funcionario, estoy aquí dando la cara; vamos a hacer una Secretaría de Finanzas muy abierta a ustedes’”, expuso.
En ese sentido, recordó que presentó una impugnación ante el Tribunal de Justicia Fiscal con expediente 4326-02-17-02-8, analizada por la segunda sala regional el 3 de noviembre de 2002 con sentencia a su favor: “Declarando la nulidad lisa y llana de la resolución de la SECODAM”, dijo.
Tiempo después, enfatizó, la SECODAM impugnó la resolución a su favor, pero el primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, le dio la razón nuevamente el 6 de octubre de 2006.
“De esa manera quedó infundado lo que habían hecho en mi contra, que quedaba anulada esa inhabilitación que pretendió hacer la Secretaría de la Contraloría en mi contra y quede totalmente exonerado de ese procedimiento”, dijo.
Con carpeta en mano, aseguró que al margen del amparo que promovió a su favor, los funcionarios de la Policía Federal Preventiva que estaban involucrados en los hechos quedaron de igual forma exonerados de los cargos que les imputaron.
Resaltó que la mejor prueba de que no existe procedimiento en su contra es el cargo que actualmente ostentan en el gobierno federal las personas que, junto con él, estuvieron acusadas: el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y el almirante Wilfrido Robledo, actual director de la Policía Ministerial Federal.
“Las personas que fuimos acusadas fuimos exoneradas y qué bueno que ahora en este caso podemos continuar sirviendo en los cargos públicos”, añadió.
El servidor desconoció el proceder de las acusaciones vertidas en su contra: “No sé si haya gente que no quiere que este aquí, no lo sé. No sé por qué razón sea, si por atacar al Gobernador o a mí, no sé porque razón”.
Asimismo, señaló que ha tenido una semana muy intensa en el trabajo financiero que encabeza frente a la dependencia estatal, con el presupuesto del estado y otros temas: “Yo estoy aquí trabajando, es lo que quiero hacer y no me importa realmente de donde vengan esos ataques” dijo.
Finalmente, al referirse al paquete económico del Gobierno del Estado, señaló que presentaron un proyecto detallado con racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, con medidas concretas para el ahorro de recursos.
Resaltó que como parte de esas propuestas figura el fomento significativo al gasto social, ya que por primera vez incluyeron dentro del presupuesto los tabuladores de sueldo de todo el sector público.
También señaló el caso de la sustitución de la tenencia federal por una estatal para mantener sanas las finanzas del estado.
En este tenor, resaltó que cuenta con toda la disponibilidad de acudir al Congreso del Estado para explicar a detalle las consecuencias económicas del paquete que presentó bajo la anuencia del Ejecutivo del estado.
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