Represión y muerte en el gobierno de Murat, I de II Partes

Un total de 206 dirigentes sociales e integrantes de organizaciones indígenas y políticas han sido ejecutados de 1992 a la fecha por conflictos agrarios, políticos y sociales. Las cifras más crudas de los últimos tres sexenios se concentran en la administración que encabezó José Murat Casab: de 1998 a 2004 se registraron 88 homicidios de dirigentes y activistas políticos de primera línea

La violencia que azota a Oaxaca ha sido una constante en su devenir histórico, como lo prueba la muerte de dirigentes sociales y políticos, particularmente en los últimos tres sexenios, donde se ha tenido una cuota muy alta de sangre.
Un total de 206 líderes e integrantes de organizaciones indígenas y políticas han sido ejecutados de 1992 a la fecha, en sucesos relacionados con problemas agrarios, políticos y sociales.
Las cifras más crudas de los últimos 18 años se concentran en la administración que encabezó José Nelson Murat Casab: de 1998 a 2004 se registraron 88 homicidios de activistas y funcionarios de primera línea.
La administración del ixtepecano detuvo a 29 personas relacionadas con esos hechos, pero ninguna fue sentenciada, lo que la colocó también como la de mayor índice de impunidad, comparada con los gobiernos de Diódoro Carrasco Altamirano y Ulises Ruiz.
La violencia durante el mandato de Murat Casab superó, incluso, la registrada en el periodo de gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano, considerado por las etnias Triqui y Loxicha, como uno de los máximos represores de la historia de Oaxaca.
La administración diodorista reprimió a la insurgencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y durante los seis años que detentó el poder, 60 dirigentes, 28 menos que en la gestión muratista, fueron asesinados.

Sangre y represión
El presidente municipal de Santa Lucía Monteverde, Putla de Guerrero, Darío Hernández; el candidato a diputado local por el PRD en Putla de Guerrero, Fidel Bautista Mejía, así como el presidente municipal de San Agustín Loxicha; la candidata a la alcaldía de San José Estancia Grande del PRD, entre otros, son algunos de los personajes políticos que fueron abatidos durante el gobierno de Murat.
A ellos se suman 40 averiguaciones previas por 50 homicidios en la región triqui que tuvieron sólo 15 inculpados; todos los casos se suscitaron en San Juan Copala.

Agua Fría, exterminio indígena
Sin embargo, uno de los episodios más oscuros no sólo de esa administración, sino de la historia de Oaxaca, se suscitó alrededor de las 20 horas del 31 de mayo de 2002, en Santiago Xochiltepec.
Un camión tipo volteo en el que viajaban 30 obreros del aserradero “La Cofradía” de San Pedro el Alto, Zimatlán de Álvarez, fue emboscado en el paraje de Agua Fría, con un saldo de 26 personas muertas y dos heridas.
Al día siguiente, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado y efectivos de la Policía Preventiva arribaron al lugar y trasladaron los cuerpos a la comunidad de Xochiltepec.
Las pesquisas indican que 50 personas realizaron la emboscada que dejó un saldo de 89 huérfanos y 28 mujeres dolientes. Hasta ahora no se sabe nada de los homicidas.

Duelo a muerte entre indígenas y autoridades
Pero los hechos de violencia tienen antecedentes más lejanos. De 1992 a 1998, durante la gestión de Diódoro Carrasco Altamirano como gobernador de Oaxaca, ocurrieron 60 homicidios de índole político-social.
La administración del ex priista inició 48 averiguaciones previas y procesó a 120 personas, por esos hechos.
Cuarenta y cinco de los asesinatos ocurrieron en la región triqui del estado y 14 en la zona de los Loxicha, lo que ocasionó que el ex mandatario sea recordado por ambas etnias como uno de sus máximos represores y enemigos.
Por el conflicto en la zona triqui se iniciaron 35 averiguaciones previas y se detuvo a 33 inculpados; salvo un asesinato en San Pedro Chayuco, todas las pesquisas se comenzaron en el municipio de San Juan Copala.
En tanto, por el conflicto en Loxicha, se iniciaron 12 expedientes penales; hubo 86 inculpados, pero 54 fueron amnistiados.
Sin lugar a duda, el conflicto que más muertes ha dejado en los últimos 18 años en la entidad es el originado por conflictos territoriales en la zona Triqui; un total de 128 homicidios constan en averiguaciones previas y expedientes penales de los juzgados ubicados en la región de la Mixteca.
Pero por su trascendencia destacan también los homicidios de otras regiones, como la masacre en Agua Fría, Santiago Xochiltepec, Sola de Vega; el homicidio de Carlos Sánchez López en 2003, entonces diputado local del PRD, en Juchitán, que tuvo dos procesados.
También los asesinatos del síndico municipal de Santiago Matatlán; del síndico municipal de Tamazulápam del Espíritu Santo, el de un líder priista y otro perredista en Huautla de Jiménez y de un líder social de Soyaltitla.
La violencia se desbordó desde la década pasada y se ha agudizado en la actualidad con la presencia del crimen organizado.