La seccion 22 del SNTE advirtio que su lucha seguira con marchas y plantones en el proximo gobierno; mientras la iniciativa privada urgió a Gabino Cué a poner orden en los primeros días de su mandato y exigió a la nueva administración estatal transparentar la relación gobierno-organizaciones-maestros, para evitar que las protestas se conviertan en condicionamientos que dejen ganancias millonarias para los líderes y pérdidas irreparables al sector industrial.
Representantes de cámaras empresariales exigieron transparentar la relación gobierno-organizaciones-maestros para evitar que las protestas se conviertan en condicionamientos que dejen ganancias millonarias para los líderes y pérdidas incalculables al sector privado.
En entrevista por separado, los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Jesús Martín Fernández; de la Confederación Nacional de la República Mexicana (Coparmex), Oswaldo García Jarquín, y de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Guadalupe Hernández, revelaron que por un día de acciones de presión-negociación-movilización dejan de fluir 30 millones de pesos, entre pagos, mercancía, entregas, cobranzas y ganancias.
Ante las afectaciones, los representantes del sector privado pidieron la aplicación de medidas drásticas como descuentos y otras sanciones contra los profesores, después de las constantes movilizaciones que llevan a cabo.
Aunque no revelaron cifras exactas, para la presidenta de la Canirac, Guadalupe Hernández, las movilizaciones dejaron sólo en este año pérdidas que rebasan 50 por ciento de sus ingresos.
Detalló que no solamente son las pérdidas económicas, pues las marchas y bloqueos, sumados a la mala imagen actual del estado ante el turismo y los efectos de la delincuencia, están provocando el hartazgo de la ciudadanía.
“La gente debería entender que estamos matando a la gallina de los huevos de oro con todas estas marchas, bloqueos y todo lo que pasa. A mí me lastima que la gente en realidad busca intereses personales y no el bien de Oaxaca”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Canacintra delegación Oaxaca, Jesús Martín Fernández, exigió al gobierno que encabezará Gabino Cué Monteagudo, transparentar las relaciones entre el gobierno y los movimientos sociales.
El dirigente denunció que para nadie es desconocido que dentro de las protestas existen líderes, tanto de organizaciones sociales como de sindicatos, que ven en las acciones de presión un modo de vida y generación de ganancias.
No obstante, precisó que mientras el sector privado es el más afectado con el cierre de comercios y la actividad económica paralizada, los líderes de organizaciones sociales y sindicales se sientan a negociar con los representantes de los gobiernos con millonarios recursos económicos de por medio.
Mientras eso sucede, los empresarios oaxaqueños tienen que cerrar sus puertas con cada movilización ante el temor de sufrir saqueos, agresiones o, bien, nulas ventas.
Por su parte, el presidente de la Coparmex, Oswaldo García Jarquín, confió en que el nuevo gobierno estatal tomará cartas en el asunto y pondrá frente a las instituciones encargadas de velar por la política interna y económica del estado, a personajes capaces de resolver demandas.
En ese sentido, dijo que no se trata sólo de administrar quejas, denuncias e inconformidades, sino de resolver con capacidad las demandas sociales, y hasta municipales, a consecuencia del rezago social en el que se encuentra el estado.
García Jarquín insistió en que el sector privado no está dispuesto a tolerar “blandezas” de las autoridades estatales y municipales ante los que atentan contra la economía de Oaxaca.
Lo anterior por las incuantificables pérdidas que generan las movilizaciones y bloqueos que se han convertido en una constante en la ciudad; 60 por ciento de la economía de la ciudad queda paralizada, denunció.
Sin embargo, el empresario dijo confiar en que el gobierno de transición retomará las necesidades y quejas del sector privado a fin de poner un alto a las pérdidas que generan las acciones de protesta en la ciudad.
La mañana de ayer, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), realizaron una megamarcha que paralizó durante cuatro horas la actividad en la capital del estado.
La manifestación fue organizada para conmemorar el cuarto aniversario del enfrentamiento que sostuvieron contra elementos de la Policía Federal Preventiva en el Zócalo de la ciudad, durante el conflicto de 2006.
En entrevista por separado, los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Jesús Martín Fernández; de la Confederación Nacional de la República Mexicana (Coparmex), Oswaldo García Jarquín, y de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Guadalupe Hernández, revelaron que por un día de acciones de presión-negociación-movilización dejan de fluir 30 millones de pesos, entre pagos, mercancía, entregas, cobranzas y ganancias.
Ante las afectaciones, los representantes del sector privado pidieron la aplicación de medidas drásticas como descuentos y otras sanciones contra los profesores, después de las constantes movilizaciones que llevan a cabo.
Aunque no revelaron cifras exactas, para la presidenta de la Canirac, Guadalupe Hernández, las movilizaciones dejaron sólo en este año pérdidas que rebasan 50 por ciento de sus ingresos.
Detalló que no solamente son las pérdidas económicas, pues las marchas y bloqueos, sumados a la mala imagen actual del estado ante el turismo y los efectos de la delincuencia, están provocando el hartazgo de la ciudadanía.
“La gente debería entender que estamos matando a la gallina de los huevos de oro con todas estas marchas, bloqueos y todo lo que pasa. A mí me lastima que la gente en realidad busca intereses personales y no el bien de Oaxaca”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Canacintra delegación Oaxaca, Jesús Martín Fernández, exigió al gobierno que encabezará Gabino Cué Monteagudo, transparentar las relaciones entre el gobierno y los movimientos sociales.
El dirigente denunció que para nadie es desconocido que dentro de las protestas existen líderes, tanto de organizaciones sociales como de sindicatos, que ven en las acciones de presión un modo de vida y generación de ganancias.
No obstante, precisó que mientras el sector privado es el más afectado con el cierre de comercios y la actividad económica paralizada, los líderes de organizaciones sociales y sindicales se sientan a negociar con los representantes de los gobiernos con millonarios recursos económicos de por medio.
Mientras eso sucede, los empresarios oaxaqueños tienen que cerrar sus puertas con cada movilización ante el temor de sufrir saqueos, agresiones o, bien, nulas ventas.
Por su parte, el presidente de la Coparmex, Oswaldo García Jarquín, confió en que el nuevo gobierno estatal tomará cartas en el asunto y pondrá frente a las instituciones encargadas de velar por la política interna y económica del estado, a personajes capaces de resolver demandas.
En ese sentido, dijo que no se trata sólo de administrar quejas, denuncias e inconformidades, sino de resolver con capacidad las demandas sociales, y hasta municipales, a consecuencia del rezago social en el que se encuentra el estado.
García Jarquín insistió en que el sector privado no está dispuesto a tolerar “blandezas” de las autoridades estatales y municipales ante los que atentan contra la economía de Oaxaca.
Lo anterior por las incuantificables pérdidas que generan las movilizaciones y bloqueos que se han convertido en una constante en la ciudad; 60 por ciento de la economía de la ciudad queda paralizada, denunció.
Sin embargo, el empresario dijo confiar en que el gobierno de transición retomará las necesidades y quejas del sector privado a fin de poner un alto a las pérdidas que generan las acciones de protesta en la ciudad.
La mañana de ayer, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), realizaron una megamarcha que paralizó durante cuatro horas la actividad en la capital del estado.
La manifestación fue organizada para conmemorar el cuarto aniversario del enfrentamiento que sostuvieron contra elementos de la Policía Federal Preventiva en el Zócalo de la ciudad, durante el conflicto de 2006.
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