Diez años, 87 mil 600 horas, la cuarta parte de su vida, dedicó Gabino Cué Monteagudo para alcanzar la gobernación del Estado de Oaxaca pasando por la alcaldía capitalina y la senaduría.
Enfrentó y venció airosamente la ira demoniaca del gobernador José Nelson Murat Casab, quien intentó encarcelarle y le amenazó de muerte, indignado, por su desafío de postularse candidato.
Las amenazas obligaron a exhibir como malagradecido a Murat con la publicación de la famosa Carta de la Abuelita. Hoy la historia es diferente al aliarse para derrotar al PRI y a Ulises Ruiz.
Inteligente, Gabino capitalizó las enseñanzas de la derrota frente a Ulises Ruiz Ortiz en su primera incursión como candidato opositor vía la alianza del PRD-Convergencia a la gobernación estatal.
Al tiempo que maduró físicamente y creció políticamente, hábilmente tejió una amplia red con diversas fuerzas políticas nacionales y estatales al interior del PAN, PRD, Convergencia y PT.
Por todas estas razones, Gabino no puede darse el lujo de fallarle a las y los oaxaqueños tirando a la basura el enorme bono democrático que le otorgaron en las elecciones del pasado 4 de julio.
De ahí las crecientes críticas que ha empezado a generar la decisión de Gabino de incorporar a su gabinete legal al controvertido tecnócrata Gerardo Cajiga Estrada, como secretario de Finanzas.
Recuérdese que Gerardo Cajiga y 19 funcionarios de la Secretaría de Gobernación, durante la administración de Diódoro Carrasco como su titular, fueron inhabilitados por compras irregulares.
Y que no se pretexte que concluyeron ya los tres años de inhabilitación, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal (APF), después de ser cesado.
Tampoco que se argumente a su favor que se trata de un cargo estatal y no federal, cuando carece de la autoridad moral para hacerlo, amén de empañar la imagen del naciente gobierno gabinista.
Por la detención de su hermana y sobrino, por presunto lavado de dinero, el secretario de Finanzas saliente está en el ojo del huracán para iniciar el gobierno de Gabino con otro escándalo.
La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) sancionó a 19 servidores públicos, por adquisiciones irregulares y pagos indebidos en la Policía Federal Preventiva (PFP).
Para quienes lo olvidaron, los hechos ocurrieron el año 2000, y derivaron en un daño patrimonial superior a los 5 millones 758 mil 445 pesos con 45 centavos y 349 mil 100 dólares americanos.
Adquirieron irregularmente 12 aeronaves para la PFP y autorizaron la adjudicación directa de diversos contratos, sin fundamento ni motivación, sin convocar a un proceso de licitación pública. También realizaron pagos improcedentes y omitieron penalizar a las empresas que entregaron con retraso una aeronave. En el año 2000, la PFP dependía de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial sancionó a Jaime Arturo Hidalgo López, Director General de Programación, y a Gerardo Cajiga Estrada, Oficial Mayor, entre otros.
Ambos suscribieron indebidamente diversos contratos adjudicados de manera directa, sin que ello estuviera debidamente fundado y motivado, y omitieron establecer la entrega de garantías y las penas convencionales por incumplimiento, aplicables al proveedor.
Resultado de los Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, la Secodam destituyó e inhabilitó por tres años a Jaime Arturo Hidalgo López y Gerardo Cajiga Estrada, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal (APF).
director@diariodespertar.com.mx
Enfrentó y venció airosamente la ira demoniaca del gobernador José Nelson Murat Casab, quien intentó encarcelarle y le amenazó de muerte, indignado, por su desafío de postularse candidato.
Las amenazas obligaron a exhibir como malagradecido a Murat con la publicación de la famosa Carta de la Abuelita. Hoy la historia es diferente al aliarse para derrotar al PRI y a Ulises Ruiz.
Inteligente, Gabino capitalizó las enseñanzas de la derrota frente a Ulises Ruiz Ortiz en su primera incursión como candidato opositor vía la alianza del PRD-Convergencia a la gobernación estatal.
Al tiempo que maduró físicamente y creció políticamente, hábilmente tejió una amplia red con diversas fuerzas políticas nacionales y estatales al interior del PAN, PRD, Convergencia y PT.
Por todas estas razones, Gabino no puede darse el lujo de fallarle a las y los oaxaqueños tirando a la basura el enorme bono democrático que le otorgaron en las elecciones del pasado 4 de julio.
De ahí las crecientes críticas que ha empezado a generar la decisión de Gabino de incorporar a su gabinete legal al controvertido tecnócrata Gerardo Cajiga Estrada, como secretario de Finanzas.
Recuérdese que Gerardo Cajiga y 19 funcionarios de la Secretaría de Gobernación, durante la administración de Diódoro Carrasco como su titular, fueron inhabilitados por compras irregulares.
Y que no se pretexte que concluyeron ya los tres años de inhabilitación, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal (APF), después de ser cesado.
Tampoco que se argumente a su favor que se trata de un cargo estatal y no federal, cuando carece de la autoridad moral para hacerlo, amén de empañar la imagen del naciente gobierno gabinista.
Por la detención de su hermana y sobrino, por presunto lavado de dinero, el secretario de Finanzas saliente está en el ojo del huracán para iniciar el gobierno de Gabino con otro escándalo.
La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) sancionó a 19 servidores públicos, por adquisiciones irregulares y pagos indebidos en la Policía Federal Preventiva (PFP).
Para quienes lo olvidaron, los hechos ocurrieron el año 2000, y derivaron en un daño patrimonial superior a los 5 millones 758 mil 445 pesos con 45 centavos y 349 mil 100 dólares americanos.
Adquirieron irregularmente 12 aeronaves para la PFP y autorizaron la adjudicación directa de diversos contratos, sin fundamento ni motivación, sin convocar a un proceso de licitación pública. También realizaron pagos improcedentes y omitieron penalizar a las empresas que entregaron con retraso una aeronave. En el año 2000, la PFP dependía de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial sancionó a Jaime Arturo Hidalgo López, Director General de Programación, y a Gerardo Cajiga Estrada, Oficial Mayor, entre otros.
Ambos suscribieron indebidamente diversos contratos adjudicados de manera directa, sin que ello estuviera debidamente fundado y motivado, y omitieron establecer la entrega de garantías y las penas convencionales por incumplimiento, aplicables al proveedor.
Resultado de los Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, la Secodam destituyó e inhabilitó por tres años a Jaime Arturo Hidalgo López y Gerardo Cajiga Estrada, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal (APF).
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