Gonzalo Ruiz Cerón, titular de la Coordinación del Transporte (Cotran), frente a los diputados. Admitió el titular de la Coordinación de Transporte (Cotran), Gonzalo Ruiz Cerón, que aún existen irregularidades en el transporte público, como unidades con permisos falsos o sesión indebida de permisos por actos de corrupción de funcionarios adscritos a la Cotran.
Sin embargo, defendió que la Cotran gestionó, ante los diputados locales, una reforma de adición al código penal del estado, para tipificar como delito dichos actos.
En razón de ello, informó que desde que se aprobó dicha reforma, hay 18 encarcelados por alguno de estos ilícitos. Todos previamente inculpados mediante un proceso correspondiente de averiguaciones previas por parte de la procuraduría estatal.
En medio de una atropellada comparecencia ante la LXI Legislatura local, por grupos de transportistas que interrumpieron constantemente las intervenciones y cuestionamientos de los diputados del Partido Convergencia
(PC), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), y del Partido del Trabajo (PT); el ingeniero ofreció algunos datos sobre unidades retiradas y sustituidas en el servicio urbano y suburbano de la ciudad de Oaxaca.
Ruiz Cerón coincidió con la coordinadora de la fracción parlamentaria del PT, Hita Beatriz Ortiz Silva, acerca de que existe tráfico de influencias en la entrega de concesiones del transporte público en el estado y que hay servidores públicos que se han convertido en delincuentes, en tanto se prestan a tales actos y violentan el artículo 240 bis del Código Penal, en la suma que le fue hecha.
Por tal motivo, llamó a los diputados que tienen conocimiento de estos actos “de formar un frente común”, para acudir ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y denunciar tales cometidos delictivos.
También se comprometió a enviar a los diputados locales el padrón de concesiones de transporte público en la entidad, de todas las modalidades, mismo que incluirá información sobre los nombres de sus titulares, el tipo de unidad que operan, en qué ruta y sus placas.
En el tiempo que compareció el coordinador del transporte, la sesión fue interrumpida por rechiflas de diputados que cuestionaron la existencia de concesiones como un pago por tareas político-electorales en las pasadas elecciones del 4 de julio.
Por su parte la diputada perredista, Rosalinda González Flores, en su intervención criticó el trabajo hecho por esta oficina auxiliar de la estructura administrativa del gobierno, pues en su parecer las marchas constantes de transportistas son indicio de una mala resolución de los conflictos que competen al sector.
Además, recordó que los accidentes que suceden a causa de transportistas y que han vuelto víctimas a los usuarios y transeúntes, son muestra de una mala supervisión por parte de la coordinación.
La diputada integrante de la Comisión de Transporte Pública, Ortiz Silva, se agregó al apuntar que se deben hacer investigaciones por parte de la PGJE y la Procuraduría General de la República (PGR), sobre posibles enriquecimientos indebidos por parte de concesionarios del transporte público.
Asimismo, en medio del primer día de comparecencias de funcionarios públicos del estado ante el Congreso local, hizo un exhorto a los demás diputados a elegir entre defender al pueblo y aprovechar la oportunidad de pedir cuentas a los servidores públicos de primer nivel en el gobierno saliente ó traicionar a aquel volviéndose cómplices.
En general las críticas de los partidos PT, PC, PRD y PAN, versaron en acusar que no se pudo avanzar en legislar para regular el servicio público de transporte y que este sector económico está sumido en el desorden, corrupción y la opacidad.
No obstante, el diputado priista Francisco Martín Vela Gil, defendió que una posible ley sobre el sector fue impedida por el PAN, ya que en la anterior legislatura éste presidió la Comisión de Transporte Publicó.
Además, argumentó que en la materia no existe un exceso de permisos entregados y que se avanzó en otorgar mayor certeza jurídica a los concesionarios para que tengan asegurado su trabajo y patrimonio
Sin embargo, defendió que la Cotran gestionó, ante los diputados locales, una reforma de adición al código penal del estado, para tipificar como delito dichos actos.
En razón de ello, informó que desde que se aprobó dicha reforma, hay 18 encarcelados por alguno de estos ilícitos. Todos previamente inculpados mediante un proceso correspondiente de averiguaciones previas por parte de la procuraduría estatal.
En medio de una atropellada comparecencia ante la LXI Legislatura local, por grupos de transportistas que interrumpieron constantemente las intervenciones y cuestionamientos de los diputados del Partido Convergencia
(PC), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), y del Partido del Trabajo (PT); el ingeniero ofreció algunos datos sobre unidades retiradas y sustituidas en el servicio urbano y suburbano de la ciudad de Oaxaca.
Ruiz Cerón coincidió con la coordinadora de la fracción parlamentaria del PT, Hita Beatriz Ortiz Silva, acerca de que existe tráfico de influencias en la entrega de concesiones del transporte público en el estado y que hay servidores públicos que se han convertido en delincuentes, en tanto se prestan a tales actos y violentan el artículo 240 bis del Código Penal, en la suma que le fue hecha.
Por tal motivo, llamó a los diputados que tienen conocimiento de estos actos “de formar un frente común”, para acudir ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y denunciar tales cometidos delictivos.
También se comprometió a enviar a los diputados locales el padrón de concesiones de transporte público en la entidad, de todas las modalidades, mismo que incluirá información sobre los nombres de sus titulares, el tipo de unidad que operan, en qué ruta y sus placas.
En el tiempo que compareció el coordinador del transporte, la sesión fue interrumpida por rechiflas de diputados que cuestionaron la existencia de concesiones como un pago por tareas político-electorales en las pasadas elecciones del 4 de julio.
Por su parte la diputada perredista, Rosalinda González Flores, en su intervención criticó el trabajo hecho por esta oficina auxiliar de la estructura administrativa del gobierno, pues en su parecer las marchas constantes de transportistas son indicio de una mala resolución de los conflictos que competen al sector.
Además, recordó que los accidentes que suceden a causa de transportistas y que han vuelto víctimas a los usuarios y transeúntes, son muestra de una mala supervisión por parte de la coordinación.
La diputada integrante de la Comisión de Transporte Pública, Ortiz Silva, se agregó al apuntar que se deben hacer investigaciones por parte de la PGJE y la Procuraduría General de la República (PGR), sobre posibles enriquecimientos indebidos por parte de concesionarios del transporte público.
Asimismo, en medio del primer día de comparecencias de funcionarios públicos del estado ante el Congreso local, hizo un exhorto a los demás diputados a elegir entre defender al pueblo y aprovechar la oportunidad de pedir cuentas a los servidores públicos de primer nivel en el gobierno saliente ó traicionar a aquel volviéndose cómplices.
En general las críticas de los partidos PT, PC, PRD y PAN, versaron en acusar que no se pudo avanzar en legislar para regular el servicio público de transporte y que este sector económico está sumido en el desorden, corrupción y la opacidad.
No obstante, el diputado priista Francisco Martín Vela Gil, defendió que una posible ley sobre el sector fue impedida por el PAN, ya que en la anterior legislatura éste presidió la Comisión de Transporte Publicó.
Además, argumentó que en la materia no existe un exceso de permisos entregados y que se avanzó en otorgar mayor certeza jurídica a los concesionarios para que tengan asegurado su trabajo y patrimonio
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