“Tengo las manos limpias”, dice delegado de la Procuraduría Agraria

Deisy Ortiz. Despertar de Oaxaca

El delegado de la Procuraduría Agraria, Daniel Anteliz Magaña, se deslindó este jueves de las acusaciones de corrupción y abuso de autoridad que hicieron en su contra comuneros de San Francisco Cozoaltepec.
El miércoles, los comuneros denunciaron penalmente ante la PGR al director del Centro SCT-Oaxaca, José Luis Chida Pardo, a Anteliz Magaña y al comisariado de Bienes Comunales de su localidad, por el presunto desvío de 10 millones 200 mil pesos, que tendrían que haber sido pagados como indemnización para los campesinos que cedieron sus terrenos para la construcción de la carretera federal Pinotepa Nacional-Salina Cruz.
Ante ello, ayer, en conferencia de prensa, el funcionario federal explicó que la construcción del tramo carretero se hizo con apego a las licitaciones establecidas, pero que, además, la procuraduría a su cargo actuó en estrecha coordinación con las instancias federales.
El delegado reiteró, una y otra vez, que las acusaciones en su contra son infundadas y que no existen pruebas que lo vinculen con los hechos.
Dijo que la asamblea de la comunidad autorizó al presidente de Bienes Comunales, Claudio Pacheco, como representante en las negociaciones ante la SCT para acordar la indemnización, en asambleas que realizaron los mismos afectados el dos de mayo y el seis de octubre.
Agregó que por ello, las instancias federales hicieron entrega de la indemnización al representante de los 2 mil 491 comuneros que resultaron afectados en sus tierras por la ampliación del tramo carretero entre Pochutla y Puerto Escondido.
De este modo, desconoció el destino de los recursos que a decir de los comuneros nunca llegaron a sus manos.
El funcionario, indicó que a raíz de este convenio que fue pactado entre la SCT y el representante de los comuneros, la instancia federal procedió a la ampliación de la carretera federal 200, previo pago de 10 millones 200 mil pesos.
Tras la denuncia, el represente del organismo federal, aseguró que no ha sido llamado por la Procuraduría General de la República (PGR) para comparecer por el delito de peculado que le ha sido imputado.
Con esta actitud, insistió en que la PA promueve la conciliación entre los comuneros con el propósito de evitar problemas en la adquisición y reparto de las tierras.
Cabe mencionar que los comuneros al mando de Felipe Lucas Bustamante, denunciaron que el recurso no llegó a manos de los afectados por las obras que realiza el Gobierno Federal, mientras el funcionario federal aseguró que el recurso fue entregado en tiempo y forma.
Dijo que la asamblea de la comunidad autorizó al presidente de Bienes Ejidales, Claudio Pacheco, como representante en las negociaciones ante la SCT para acordar la indemnización que recibirían por las tierras que fueron usadas durante la construcción del tramo Pinotepa Nacional-Salina Cruz, de la carretera federal 200.
El delegado estatal de la Procuraduría Agraria (PA), Daniel Anteliz Magaña aseguró tener las manos limpias por las acusaciones que vertieran comuneros de San Francisco Cozoaltepec quienes interpusieron una denuncia penal junto a funcionarios federales por actos de corrupción, falsificación de documentos y abuso de autoridad, así como de un desvió superior a los 10 millones de pesos.