Exigen eliminar DAP por inconstitucional

Legisladores del PRD, Panal y Convergencia exigieron dar marcha atrás al Impuesto al Derecho de Alumbrado Público (DAP), porque sólo impacta en la economía de las familias oaxaqueñas, sin ningún beneficio, porque el dinero se lo roban los funcionarios.

Para el diputado local del Partido Nueva Alianza, Cristóbal Carmona, también es ilegal que se deje al olvido a la ciudadanía que padece los males manejos de los recursos en el ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca.

“No es justo que se siga cobrando el DAP; vamos a insistir que se disuelva porque sólo se lo llevan los funcionarios, en tanto el pueblo sufre, porque no sólo se va la luz, sino aumenta la delincuencia en la ciudad”.

En tanto, Wilfredo Vásquez López, diputado del PRD, consideró que es una burla la actitud que han asumido las autoridades municipales, al robarse el dinero del pago de alumbrado, y por lo cual les han cancelado el servicio a los oaxaqueños.

“Son 11 millones de pesos los que no aparecen, y de esto debe dar cuenta el ex presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas.

Y efectivamente, el cobro del Derecho de Alumbrado Público es inconstitucional, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo declaró desde 2008, afirmó el abogado fiscalista Román Fernández Galindo.

Considerado como uno de los mejores fiscalistas de México por diversos medios de comunicación, señaló que dicho cobro se ha declarado inconstitucional en varios estados; sin embargo, algunas legislaturas locales, entre ellas las de Chihuahua, Michoacán, Coahuila, Puebla, Campeche y Oaxaca lo incluyen en la Ley de Ingresos de los municipios. Entrevistado por El Imparcial, precisó que la Constitución de la República, considerada como la ley suprema, establece en su Artículo 73, que únicamente el Congreso de la Unión puede legislar sobre el consumo de energía eléctrica.

Para Román Fernández Galindo es ilegal que en la Ley de Ingresos de los municipios se contemple la aplicación de 8% como derecho al alumbrado público, el cual administra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que permite apercibir o llegar al corte del servicio.

“Los contribuyentes pagamos los platos rotos por la mala administración, teniendo el derecho de acudir al juicio de garantía o amparo para evitar el pago de este derecho cuando se firma el contrato con la CFE”, señaló Fernández Galindo.

Cabe mencionar que ese 8% se recauda de los consumos de la facturación de los clientes y se ponen a disposición del Municipio para que les ayude a sufragar los gastos por energía eléctrica, por alumbrado público.