¿Catarino y Pazos, crímenes de Estado o contra el Estado?

Una explicación simplista de las ejecuciones de Catarino Torres Pereda y de Heriberto Pazos Ortiz es calificarlos de crímenes de Estado y culpar de ellos al satanizado gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
De hecho, así viene ocurriendo ya por los seguidores del Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia a Poblaciones Rurales (CODECI), y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
Hay, no obstante, una serie de elementos de juicio objetivos, públicos y notorios, que hacen presumir fundadamente que se trata más bien de crímenes contra la estabilidad del Estado.
Para nadie es un secreto que sin los cuantiosos recursos otorgados como apoyo por el PRI-gobierno, Beto Pazos jamás hubiera consolidado su liderazgo como dirigente de los triquis.
De entrada, Beto Pazos no era indígena triqui, sino un mestizo ladino, que hábilmente logró encaramarse como su líder, gracias a su papel de crítico orgánico del Gobierno del Estado.
A valores entendidos, el dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui siempre terminó negociando o vendiendo caro su amor a los sucesivos gobiernos del PRI-gobierno tras su creación.
Tan es así que seguramente con su muerte se pretenda olvidar que Pazos Ortiz, fue muchos años Gerente de la Sucursal Central de Abasto del Monte de Piedad como concesión gubernamental.
La mayor prueba del colaboracionismo del dirigente del MULT con el gobierno fue la creación del Partido Unidad Popular (PUP), con el visto bueno del ex gobernador José Nelson Murat Casab.
Con esta maniobra y con Héctor Sánchez como candidato del PUP a gobernador, Murat evitó el triunfo de Gabino Cué, en 2004, aunque hoy con su muerte la oposición pretenda olvidarlo.
Dada la presunción de que, en realidad, se trata de crímenes que pretenden desestabilizar la gobernabilidad del Estado en vísperas de la alternancia política es obligada la intervención federal.
Las organizaciones y partidos de oposición demandan que la Procuraduría General de la República atraiga la investigación de los asesinatos de Catarino Torres Pereda y de Heriberto Pazos Ortiz.
No hay mejor forma de averiguarlo que la PGR atraiga la investigación de ambos asesinatos ante los prejuicios de falta de confianza y credibilidad en las autoridades ministeriales estatales.
Ello, no es garantía, desde luego, de que efectiva, eficaz y eficientemente, se logre arribar a la verdad legal e histórica para establecer la identidad de los autores intelectuales y materiales.
Importante, sobremanera, es intentar legalmente conocer también el móvil de las ejecuciones de los dirigentes del Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia a Poblaciones Rurales, y del MULT.
¿Quién o quiénes ordenaron y ejecutaron los asesinatos, por qué y para qué hacerlo, qué pretenden?, son las preguntas obligadas a investigar por las autoridades ministeriales federales.
Hay no sólo razones de seguridad pública, sino sobre todo de seguridad nacional para hacerlo porque, de lo contrario, ambas ejecuciones sentarán un precedente muy negativo para todos.
Es necesario recordar en este sentido, que el mayor problema de fondo en materia de seguridad pública es la creciente impunidad que deja sin aclarar y castigar miles de crímenes en el país.
Hoy, la Procuraduría General de la República tiene la oportunidad de coadyuvar a cubrir la deuda de justicia que la Federación tiene con Oaxaca. ¿Lo hará el Procurador Arturo Chávez Chávez?
No hacerlo, fortalecerá la posibilidad de una Operación Limpieza ordenada institucionalmente o no por instancias federales para allanar el camino al gobierno de la alternancia en un mes más.

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